Berta Cáceres

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Berta Cáceres
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Berta Cáceres
Nombre: Berta Isabel Cáceres Flores
Nacimiento: 4 de marzo de 1972[1]
Fallecimiento: 2 de marzo de 2016 (asesinada[2])
Ocupación: Líder indígena, feminista y activista medioambiental
Obras: Cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Berta Cáceres fue una líder indígena hondureña de la comunidad lenca, feminista y activista medioambiental. Cofundadora y directora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (CCPPIH).

Biografía

Hija de Austra Bertha Flores López, partera, enfermera y alcaldesa de La Esperanza (Honduras), que también destacó por su actividad política y social. También fue responsable de someter la moción de firma del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales por parte de Honduras en 1995.

Berta vivió su infancia y adolescencia inmersa en las luchas de su pueblo e inspirada por el activismo de su madre. En 1993, siendo todavía estudiante, cofundó el CCOPIH, organización dedicada a luchar por los derechos de los indígenas hondureños, iniciando así su andadura pública. Lideró campañas en favor de diversas causas sociales (como los derechos LGBT) y se opuso a la tala masiva de árboles y la presencia militar estadounidense en tierras de los Lenca. También conoció, a través de las agresiones a su familia por parte del Estado y grupos paramilitares las consecuencias del activismo.

Su campaña más sonada (y la que presuntamente provocó su asesinato) fue la que organizó en 2006 tras destapar un abuso por parte de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (o DESA), la empresa china Sinohydro y la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial. Estas empresas pretendían construir cuatro presas hidroeléctricas en el Río Blanco, en territorio del pueblo Lenca, sin su consentimiento. Esto atentaba contra el derecho internacional, ya que había indicios de que dicha construcción habría afectado muy negativamente el estilo de vida del pueblo Lenca, al comprometer su acceso al agua, a la alimentación y a la obtención de sus medicinas tradicionales. La batalla legal contra el proyecto alcanzaría una victoria parcial a finales de 2013, cuando Sinohydro y la Corporación Financiera Internacional lo abandonaron. Durante el proceso se produjeron numerosas detenciones ilegales de manifestantes, amenazas y otros ataques contra miembros de CCOPIH por parte del ejército hondureño. En esta lucha también resultó una acusación contra Berta y otros dos líderes por parte de DESA de «usurpación, coerción y daños continuados» a las propiedades de la empresa. Sin embargo, gracias a la intervención de Amnistía Internacional, se convirtieron en presos de conciencia para la comunidad internacional y el gobierno no pudo llevar a cabo lo que claramente habría sido una "supresión" de los acusados.

El 20 de febrero de 2016 la detención de unos 100 manifestantes marcó un recrudecimiento de los ataques del ejército hondureño contra el CCOPIH. La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue acribillada a tiros en un asalto a su casa por parte de un grupo de hombres no identificados. La reacción internacional fue muy fuerte debido a que se ha llevado ante la justicia a varios altos cargos del Gobierno y al presidente de Desarrollos Energéticos S. A. como autores intelectuales del asesinato.

Departamento de Intibucá en Honduras, donde se encuentra el municipio de La Esperanza.

El peligro de defender los derechos ambientales en Honduras

Honduras, según una investigación publicada en 2017 por Global Witness[3], es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos ambientales. El citado estudio apunta que desde 2010 han muerto 120 personas por defender la tierra de sus comunidades, oponiéndose a la construcción de presas, minas, a la tala masiva de árboles,... La investigación realizada por Global Witness muestra que son instituciones estatales como el ejército, el sistema judicial o la policía quienes apoyan los intereses de las grandes empresas en contra de las personas activistas, a pesar de que tengan capacidad suficiente para protegerlos. Más del 90% de los asesinatos y abusos cometidos contra los defensores ambientales en Honduras no son investigados y quedan sin resolver.

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Referencias

Enlaces externos

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