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Principio de separación de poderes
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Principio de separación de poderes
La separación de poderes (en inglés: separation of powers) o principio de separación de poderes consiste en la organización política de los estados democráticos modernos en que las funciones o poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se reparten entre instituciones independientes para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales.
La separación de poderes constituye una garantía de los ciudadanos y el propio Estado frente los posibles abusos o actuaciones arbitrarias de las instituciones públicas. Un Estado cuya organización considere la separación de poderes es menos susceptible del empleo de procedimientos tiránicos o dictatoriales; la separación de poderes es el principal garante del Estado de Derecho, cuya esencia es el imperio de la ley.
Los poderes reconocidos tradicionalmente son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En ocasiones, la relación entre los poderes (poder de relación) se ha considerado un poder asimismo, cuyo ejercicio se atribuye al Presidente de la República.
La doctrina de la separación de poderes se ha desarrollado desde el siglo XVII. Así, James Harrington, en su obra Oceana (1656), describió un sistema político utópico basado en la división de los poderes públicos.
John Locke, en su segundo Tratado sobre el gobierno civil (1690) criticó el origen divino de los derechos de los reyes y consideró que los poderes legislativo y ejecutivo son conceptualmente diferentes, aunque pensaba que no siempre es necesario separarlos en instituciones políticas distintas, no distinguió, en cambio, el poder judicial.
El actual concepto de la separación de poderes fue definido por el escritor y jurista francés Charles-Louis de Montesquieu en uno de sus principales ensayos, El espíritu de las leyes (De l’esprit des lois, 1748), donde el autor defiende la división del poder político en tres niveles (poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial), teoría que contrariaba los principios del Antiguo Régimen y que le hizo célebre y se convirtió en el eje fundamental de la mayoría de las constituciones contemporáneas.
El poder ejecutivo
El poder ejecutivo, una de las tres facultades y funciones principales del Estado, es ejercido normalmente por el parlamento, su función es redactar, promulgar, reformar y derogar las leyes.
El control político sobre el poder ejecutivo es una función característica del Parlamento. Este tipo de control se realiza de varias formas: preguntas, informes, propuestas e interpelaciones, entre otras, en virtud de la representación que ejercen los diputados en nombre de la ciudadanía. Sin embargo, la importancia real del control político se halla en entredicho debido a que el partido en el gobierno suele coincidir con el partido que disfruta de la mayoría en el Parlamento, puesto que, de lo contrario, no se habría podido formar gobierno como consecuencia de la falta de apoyos necesarios.
El poder legislativo
El poder legislativo tiene como uno de sus principales cometidos la toma de decisiones a través de la promulgación de normas legales. Además desempeña otras funciones, como la elección y control del gobierno, la supervisión de la administración, la ratificación de los tratados internacionales y la determinación de los procedimientos de elección.
En muchos países los Parlamentos están constituidos por dos cámaras: la Cámara Baja (denominada de muchos modos: Cámara de los Comunes, Cámara de los Diputados, Cámara de Representantes, Duma, Bundestag, Estado Generales,...) y la Cámara Alta, habitualmente denominada Senado. Esta división en dos instancias suele obedecer a razones históricas (el Senado modera las posibles decisiones radicales del Congreso), en otros casos, el Senado permite una representación territorial del Estado.
El poder judicial
El poder judicial se refire al complejo institucional (integrado por jueces y magistrados fundamentalmente) al que se otorga la potestad de administrar justicia en un Estado.
Con anterioridad a la Revolución Francesa la justicia era aplicada por el poder político, directamente o por delegación. La Revolución Francesa y la emergencia de la burguesía como actor determinante en el desarrollo y funcionamiento de las instituciones planteó la necesidad de desvincular el ejercicio de la justicia de la defensa de los intereses del Estado y, por tanto, de la voluntad del monarca.
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