Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte

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Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
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Verde oscuro: retificado; verde claro: firmado; gris: ni firmado ni ratificado
Apertura a la firma: 15 de diciembre de 1989
Entrada en vigor: 11 de julio de 1991
Estados firmantes: 38
Estados parte: 85[1]
Depostitario: Secretaría General de las Naciones Unidas
Idiomas: Árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
Vigente:

El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte (en inglés Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty) es un protocolo de adhesión voluntaria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989, mediante la resolución A/RES/44/128[2]. El Protocolo entró en vigor el 11 de julio de 1991 y crea dos obligaciones fundamentales para los Estados parte; por un lado proporciona el derecho individual de las personas a no ser ejecutadas; y por otro a tomar todas las medidas necesarias, incluso legislativas, para abolir la pena de muerte.

Este Protocolo compromete a sus miembros a la abolición de la pena de muerte en el interior de sus fronteras, aunque el artículo 2.1 permite a los miembros hacer excepciones que permiten la ejecución en caso de crímenes graves en tiempos de guerra. Inicialmente, Chipre, Malta y España presentaron esas reservas y, subsecuentemente, las retiraron. Azerbaiyán y Grecia todavía mantienen reservas en la implementación del Protocolo, a pesar de que ambos prohibieron la pena de muerte bajo todas las circunstancias.

Cuando un Estado ratifica este Protocolo, acepta que nadie puede ser ejecutado en su jurisdicción, con la única excepción de los delitos militares muy graves cometidos en tiempo de guerra. Por lo tanto, no sólo se trata de permitir a los Estados de establecer su posición abolicionista gracias a la aplicación del derecho internacional, sino también de garantizar de manera sostenible e irreversible la abolición de la pena de muerte a nivel nacional, ya que el Protocolo no incluye ningún procedimiento para retractarse.

El Protocolo permitirá en última instancia, que las ejecuciones sean ilegales y consagrará definitivamente el principio según el cual la pena de muerte es una violación de los derechos humanos y en particular del derecho a la vida. Para ello, sin embargo, el número de Estados que patrocinan el Protocolo debe llegar a una "gran mayoría".

El Tratado es el único instrumento internacional de alcance universal que trata sobre la abolición de la pena de muerte, en consonancia con la lucha de la ONU contra la pena capital[3]. El Protocolo es supervisado por el Comité de Derechos Humanos; los Estados parte están obligados a presentar un informe periódico al Comité sobre el cumplimiento efectivo, dentro de su territorio de los derechos contenidos en el tratado. En algunos casos, el Comité de Derechos Humanos puede examinar las denuncias entre los Estados.

Texto completo del Protocolo

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
A/RES/44/128 de 15 de diciembre de 1989

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos,

Recordando el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, y el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966,

Observando que el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,

Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida,

Deseosos de contraer por el presente Protocolo un compromiso internacional para abolir la pena de muerte,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

  1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.
  2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

Artículo 2

  1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.
  2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra.
  3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva notificará al Secretario General de las Naciones Unidas de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán incluir en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del Artículo 40 del Pacto, información sobre las medidas que han adoptado para poner en vigor el presente Protocolo.

Artículo 4

Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan hecho una declaración en virtud del Artículo 41, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con sus obligaciones se hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario en el momento de la ratificación o la adhesión.

Artículo 5

Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de personas que estén sujetas a su jurisdicción se hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario en el momento de la ratificación o la adhesión.

Artículo 6

  1. Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables en carácter de disposiciones adicionales del Pacto.
  2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una reserva con arreglo al Artículo 2 del presente Protocolo, el derecho garantizado en el párrafo 1 del Artículo 1 del presente Protocolo no estará sometido a ninguna suspensión en virtud del Artículo 4 de Pacto.

Artículo 7

  1. El presente Protocolo está abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el Pacto.
  2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
  3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él.
  4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
  5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.

Artículo 8

  1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
  2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 9

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 10

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del Artículo 48 del Pacto:

a) Las reservas, comunicaciones y notificaciones conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del presente Protocolo;
b) Las declaraciones hechas conforme a lo dispuesto en los Artículos 4 ó 5 del presente Protocolo;
c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes a lo dispuesto en el Artículo 7 del presente Protocolo;
d) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 del mismo.

Artículo 11

  1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
  2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el Artículo 48 del Pacto.

Vea también

Referencias

Enlaces externos

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