Igualdad ante la ley

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Igualdad ante la ley

El principio de igualdad ante la ley o de igualdad jurídica establece que todos los seres humanos deben recibir un trato igualitario por la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.

El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece:

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

La igualdad jurídica fue una conquista de la Revolución francesa, que bajo los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, supuso una ruptura con el sistema de privilegios feudales.

El principio de igualdad ante la ley es reconocido en todas las constituciones democráticas modernas.

Hay quienes sostienen que en las monarquías parlamentarias el principio de igualdad ante la ley no existe o solo existe de manera atenuada, argumentan que toda monarquía, por reducidos que estén los poderes del rey y los nobles, es en sí misma una contradicción al principio de igualdad ante la ley, puesto que se proporcionan unas derechos o privilegios por nacimiento. Sin importar las diferencias entre los distintos sistemas de monarquía, el principio no existe si la ley de un país establece que algunos cargos públicos y el ejercicio del poder político que ellos conllevan, sólo puede ser ocupados por algunos ciudadanos y no por otros, simplemente a causa de los antepasados de quienes descienden.

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